Ayer los diputados oficialistas que integran la Comisión de Recursos Naturales aprobaron el dictamen sobre el proyecto presentado por Máximo Kirchner que propone prohibir entre 30 y 60 años el uso de tierras que hayan sido afectadas por incendios. El objetivo es evitar el desarrollo de negocios inmobiliarios en esos terrenos, según consigno Filo News.

El proyecto modifica la ley 26.815 de Manejo de Fuego, incorporando un nuevo artículo que agrega: «en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales» se prohibe por el lapso de 30 años, «la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento».

La jornada de debate fue intensa y hubo fuertes cruces. Desde el oficialismo, el presidente de la comisión, el oficialista Leonardo Grosso, apoyó al proyecto. «No estamos tratando esta ley porque sí: se ha prendido fuego buena parte del territorio de la Argentina, casi 900.000 hectáreas -enfatizó-. El 95% son resultado de la acción humana; son datos oficiales. En los últimos 5 años sólo 22 causas iniciadas por incendios provocados. ¿Justicia? Sólo hubo dos condenas. Ahora tenemos que dar una respuesta política a este problema». Y agregó: «Los incendios anteceden a un negocio, no queremos que el fuego sea más un negocio en la Argentina. Por eso ponemos obstáculos al desarrollo de ese negocio», dijo.

Además, tanto él como la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño, acusaron a la oposición de no votar a favor del proyecto por el autor del mismo. En este sentido, Camaño agregó: «cualquier análisis se realiza bajo un prisma absolutamente prejuicioso» y aclaró que no es «por capricho, sino porque así lo establece la Constitución Nacional». En esta línea Grosso tomó una postura firme. «Están defendiendo los sectores que prenden fuego la Argentina en función de sus intereses económicos y no lo pueden decir porque es políticamente incorrecto», remató.

Por su parte, desde la oposición de Juntos por el Cambio las críticas no tardaron en llegar. La diputada del bloque Brenda Austin contrarió: «Mientras se estaban incendiando 20 provincias, los bomberos sin equipamiento, los aviones hidrantes sin herramientas y se tardaba en dar respuesta, el Gobierno diseñaba un presupuesto que plantea un recorte para el sistema nacional del manejo del fuego a la mitad».

El proyecto del oficialismo contó con el apoyo de los diputados Graciela Camaño y José Ramón, que preside el interbloque Unión Federal para el Desarrollo. En desacuerdo estuvieron los diputados de Juntos por el Cambio y Alma Sapag del Movimmientos Popular Neuquino, que lo rechazaron, alegando que la iniciativa castiga por igual a todos los propietarios de terrenos afectados por incendios, sean éstos accidentales o intencionales. El dictamen obtuvo, finalmente, 17 firmas a favor y 9 en contra.