El petróleo de la empresa española Repsol se expandió por las costas de Lima causando extragos a la bioversidad de la zona.
Fueron más de 6 mil los barriles de petróleo derramados por la empresa Repsol en la costa de Lima luego de que el volcán submarino Tonga erupcionara.
El 15 enero Repsol informó a las autoridades de Lima que hubo un derrame de 25 litros de petróleo pero que la situación estaba controlada y limitada a 2,5 metros; pero la realidad fue muy diferente. Personas que estaban en el lugar publicaron, mediante la red social Twitter, fotos de la situación en las costas playeras de Lima, Perú.
Con ello los 2,5 metros que Repsol había informado parecieron más extensos de lo que la empresa de refinería pretrolera informaba. Más de 18 mil metros fueron afectados por los cerca de 6 mil barriles de petróleo derramado en el distrito de Ventanilla, en la provincia de Callao, Perú.
Por la negligencia y desinformación de los hechos, Repsol sería castigado con una multa de 138 millones de soles, según informó el ministro del ambiente, Rubén Ramírez, tras reunirse con representantes de Repsol. Además Ramirez confirmó que «el derrame ha sido de aproximadamente 6 mil barriles de petróleo” y que “hemos exhortado a la empresa a que cumpla con el procedimiento de contingencia y lo haga a la brevedad posible”.
Las autoridades de Lima le exigen a Repsol que envíe personal y elementos de bioseguridad para limpiar las costa de Ventanilla, Ancón y Santa Rosa, en donde el derrame de petróleo se extendió.
La Cancillería expresó en su cuenta de Twitter: «El derrame de petróleo de Repsol en Vantanilla es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos, y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores. Repsol debe resarcir ese daño de manera inmediata». Y añadió: “Esta terrible situación ha puesto en peligro la flora y fauna en dos áreas naturales protegidas a más de 18,000 kilómetros cuadrados como la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón”.
Mientras que la presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del ministerio del Ambiente peruano, Miriam Alegría, manifestó que “el daño es bastante grave porque estamos también hablando de áreas protegidas que están siendo afectadas”.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales, funcionarios de la Refinería La Pampilla S. A., y los que resulten responsables por el derrame de petróleo que se dio el último fin de semana en el distrito de Ventanilla.
A través de un comunicado, la entidad se pronunció detallando que el fiscal Ariel Tapia Gómez ya había constatado que este derrame afectó, además de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón (Lima). Este hecho trajo como consecuencia la contaminación marítima y la muerte de especies hidrobiológicas y aves de Ancón.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste se encuentra realizando las diligencias con el apoyo de agentes de la Policía Ecológica, representantes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y técnicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Antecedentes
Según informa servindi.org, 4 derrames de petróleo se reportaron desde fines de diciembre en Loreto y Amazonas. «Los derrames de petróleo son una realidad constante que enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonía norte de Perú», afirman desde servindi en su cuanta de Twitter.
El 13 enero se reportó un derrame de petróleo en el centro poblado de Pavayacu (Loreto), que se extendió hasta el río Huanganayacu. Pero la denuncia de Servindi va más allá: en la estudio llamado «La sombra del petróleo», señala que hubo 474 derrames de crudo entre el 2000 y el 2019 en el Amazonia Norte. El 65% de esos derrames se debieron a fallas operativas y a la corrosión de los ductos. El 28% fue por intervención de terceros.
El tratamiento del petróleo, así como su extracción tienen graves consecuencias para la salud, así desde Servindi denuncian que los pobladores que viven cerca de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre (donde se encontraron fuentes de contaminación), tienen altos niveles de plomo en la sangre.
